El libro Mutatá: conflicto, despojo y resistencia, es el resultado de la investigación ganadora de la segunda versión del Premio Jorge Bernal. «Esta investigación periodísticas describe las expresiones del conflicto armado que tuvieron lugar en Mutatá«, abordando los aspectos del despojo de tierras y los procesos de reclamación que se dieron en este municipio, ubicado en el Urabá antioqueño.
Autores del libro: Maria Elena Flórez y Juan Diego Resptrepo.
Introducción
Mucho se ha escrito sobre el conflicto armado en el Urabá antioqueño. Sin embargo, la mayor parte de los trabajos se ha concentrado en los municipios de la subregión donde la expansión de la economía agroindustrial sustentada en el banano generó conflictos e intereses de diversa índole. Atendiendo a la carencia de estudios locales de aquellas poblaciones periféricas donde no existieron plantaciones bananeras, esta investigación periodísticas describe las expresiones del conflicto armado que tuvieron lugar en Mutatá, algunos de los casos más representativos de despojo de tierras que se presentaron allí a partir de 1996 y la manera como algunos sectores campesinos resistieron las presiones armadas y continuaron reclamando los predios que la guerra les arrebató.
Los mecanismos y los procedimientos mediante los cuales empresas y personas naturales adquirieron de forma fraudulenta predios rurales en este municipio entre 1996 y 2006 estuvieron amparados por la presencia de diversas facciones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU -, más tarde agrupadas bajo las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC-, y por su alto grado de cooptación del aparato estatal.
Tras su consolidación en la zona norte de la subregión, las ACCU, lideradas por los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil, iniciaron su desplazamiento hacia el centro de Urabá y, a finales de 1997, se asentaron definitivamente en el Eje Bananero, comprendido por los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. En esa área, esta organización armada ilegal asesinó y desplazó, de manera sistemática, a miembros, simpatizantes y colaboradores de la Unión Patriótica, UP, que habían establecido allí uno de sus grandes fortines electorales, y a representantes de Sintagro y Sintrabanano, los dos sindicatos más grandes a finales de los setenta, que, posteriormente, se fusionaron en Sintrainagro. Asimismo, arremetieron contra líderes de los barrios de invasión y de juntas comunales, recuperadores de tierras, concejales, personeros, parceleros, arrieros, pequeños comerciantes y demás personas consideradas auxiliadores de las guerrillas y opositores del proyecto contrainsurgente y anticomunista.
Esta estrategia de guerra se valió no solamente de la financiación que las ACCU recibieron de importantes sectores sociales y económicos de la subregión, sino también de la amplia colaboración de la Brigada XVII, así como de sectores de la policía de Urabá y el DAS, en la ejecución de distintas acciones violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Además, se sostuvo gracias a la negligencia de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía Regional Delegada para Urabá, que encubrieron y facilitaron esas acciones, perpetradas en medio del ambiente de militarización y coerción de las garantías civiles y políticas impulsado desde 1976 con la designación de alcaldes militares para los tres municipios del Eje Bananero y Mutatá, y con la creación de la Jefatura Militar del Urabá Antioqueño en 1988.
La situación de violencia generalizada, expresada en masacres, violencia sexual, bombardeos, incendios, homicidios, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, individuales y colectivos, aumentó aún más con la creación de los Comandos Populares, una organización armada ilegal compuesta por exguerrilleros del Ejército Popular de Liberación EPL, que se desmovilizaron en 1991 y se rearmaron para defenderse del exterminio sistemático que emprendieron las FARC contra sus integrantes, quienes habían creado el Movimiento Esperanza, Paz y Libertad, la fuerza política surgida del proceso de desmovilización. Los comandos se convirtieron, con el apoyo de la Fuerza Pública, en un nuevo grupo paramilitar y actuaron de manera conjunta con las ACCU en la guerra no solo contra las FARC, sino contra el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el reducto del EPL que no se había desmovilizado y los demás blancos definidos por la estrategia contrainsurgente de la llamada “Casa Castaño.”
Una vez replegados los frentes de las FARC del Eje Bananero, y casi desaparecidas las expresiones políticas afines al proyecto de la insurgencia, las AUCC se dirigieron a Mutatá. Si bien durante la década de los ochenta Mutatá compartió similitudes con los demás municipios del centro de Urabá en los escenarios político y electoral, eligiendo mayoritariamente candidatos y programas de origen comunista y liberal, sus dinámicas de poblamiento, producción e infraestructura fueron y son ajenas a las del resto de la subregión.
Mientras en el norte de Urabá se destinaban grandes extensiones de tierras a la cría de ganado y en el Eje Bananero los procesos de urbanización y el destino económico de los predios rurales giraban alrededor de la economía de enclave, Mutatá fue hasta mediados de la década de los noventa un municipio tradicionalmente agrícola, centrado en cultivos de pancoger y habitado por parceleros provenientes de otras zonas de Urabá y diversas subregiones de los departamentos de Antioquia y Córdoba.
Desde finales de los setenta el frente 5 de las FARC hizo presencia en el municipio y hacia 1985 confluyó en el corregimiento Bajirá el Frente 34. Ambas facciones realizaron operaciones conjuntas en tres vías: la financiación, que consistió en actividades de extorsión y secuestro; la que estuvo basada en la estrategia de guerra de guerrillas, que comprendió diversos ataques contra la infraestructura y el transporte, y la de combate, ejecutada en las zonas rurales contra las distintas unidades del Ejército.
El poder de estos y otros frentes de las FARC se fortaleció a lo largo de las décadas de los setenta y ochenta, y se vio disminuido a partir de 1996 con la llegada del primer grupo paramilitar. Al mando de Raúl Emilio Hasbún Mendoza, y más tarde de Elkin Jorge Castañeda Naranjo y Fredy Rendón Herrera, las facciones de las ACCU asentadas en Mutatá se ensañaron contra la población civil y se valieron del discurso contrainsurgente para asesinar y desplazar a las familias campesinas y socavar el orden político e institucional, interfiriendo en todas las expresiones de la vida pública y privada con la complacencia, connivencia y complicidad de las diversas instituciones estatales y organismos de seguridad.
En relación con los vínculos entre paramilitarismo y el Estado, y en particular con el discurso contrainsurgente que aún hoy se emplea para justificar el surgimiento de las organizaciones paramilitares, los referentes empíricos recolectados en desarrollo de esta investigación respaldan la tesis de Vilma Liliana Franco Restrepo (2009) según la cual la violencia paramilitar estuvo conformada por una serie de acciones conscientes, organizadas y jerarquizadas, racionalmente planeadas y sostenidas, y no fue “un simple producto del constreñimiento que ejercen las circunstancias” derivadas de los crímenes ejecutados por las guerrillas. Igualmente, tienden a comprobar que las afirmaciones “ “el país había perdido la soberanía real” y el “Estado ignoró la seguridad” ” son tesis construidas para desvirtuar la responsabilidad por acción que le corresponde al Estado en “el surgimiento y la reproducción del paramilitarismo”.[1]
En lo que respecta el despojo de tierras se puede afirmar que, de manera premeditada, los paramilitares alteraron significativamente la propiedad, concentración y uso de la tierra, para lo cual crearon una gran empresa criminal que reestructuró la economía del municipio y propició la aparición de nuevas compañías con las cuales se pretendió “corporativizar” y “legalizar” el despojo. Para el caso de Mutatá este es un fenómeno sobre el cual no se conocen decisiones de tipo penal, aun cuando parecen existir pruebas contundentes sobre los vínculos entre al menos una de esas sociedades y los máximos comandantes de las AUC.
No obstante las intimidaciones a los campesinos despojados, la negativa de la mayoría de los paramilitares postulados a los beneficios de la Ley 975 de 2005 para esclarecer los hechos relacionados con el despojo de tierras, y la lentitud de los procesos adelantados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el escenario jurídico creado por la Ley 1448 de 2011 ha permitido canalizar por vías institucionales más o menos efectivas las pretensiones de los reclamantes. De ahí que al 31 de mayo de 2014 se hubiesen presentado ante la Unidad 569 solicitudes de restitución de predios de Mutatá correspondientes a 21.338 hectáreas, y que hoy se encuentren microfocalizadas las veredas Los Cedros y Bejuquillo,[2] donde existen procesos de reclamación y liderazgo desde antes que se aprobara la ley. Pese a estos tímidos avances, aún falta esclarecer las responsabilidades por la comisión de múltiples delitos asociados a la usurpación de predios rurales y urbanos en Mutatá.
Esperamos que este libro arroje algunas luces en ese sentido y sirva de base para futuras investigaciones de carácter hiperlocal, local y regional, particularmente sobre los corregimientos Pavarandó y Pavarandocito de Mutatá donde la presencia de las FARC y de las organizaciones armadas ilegales de corte contrainsurgente han impedido las labores de reconocimiento y medición de las tierras despojadas a los campesinos.
[1] Información suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
[2] Franco Restrepo, Vilma Liliana. Orden contrainsurgente y dominación, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, Instituto Popular de Capacitación, 2009.