No basta con los programas sociales para los desmovilizados. La experiencia y las cifras demuestran que la violencia común u organizada podrá seguir alimentándose del desempleo y la informalidad masivos.
Por: Mauricio Uribe*
Una transición incierta
A raíz del Acuerdo de La Habana y la subsiguiente desmovilización de la principal fuerza guerrillera de Colombia, sería de suponer que la paz está al alcance de la mano. Pero la transición de la guerra a la paz es un proceso tan complejo como incierto.
La transición de la guerra a la paz es un proceso comparable al de las transiciones de la dictadura a la democracia que se dieron en los países del Cono Sur de América Latina y que han sido bienes estudiados por la ciencia política. En efecto, en ambos tipos de transiciones:
- • Ni el resultado final – la democracia o la paz – es inevitable, ni los logros a lo largo del proceso son irreversibles.
- • El paso de un “equilibrio” a otro (de la dictadura a la democracia o de la guerra a la paz) está plagado de incertidumbres, y cada estadio del proceso es inestable.
- • No hay una ruta predeterminada: los equilibrios son múltiples.
- • El asunto es todavía más complejo si se considera que hay diferentes tipos de “consolidación”. Así, tras las diversas trayectorias en los procesos de democratización en el Cono Sur, aumentaron los adjetivos para designar tanto a las democracias (“formal”, “iliberal”, “restringida”, “social” “delegativa”, etc.) como a los autoritarismos (“burocrático”, “populista”, “competitivo”, etc.). Algo similar ocurre con la paz: “liberal”, “iliberal”, “represiva” o “violenta”.
Hacia dónde conduce una transición es algo que difícilmente se sabe de antemano.
Paz violenta
Cuando se firma un acuerdo comprehensivo de paz (que involucra a todos los actores armados) y sin embargo persisten altos niveles de violencia, la situación puede ser calificada como una “paz violenta”.
La etapa posterior a la firma de acuerdos de paz suele ser muy inestable, especialmente en el caso de conflictos armados internos. Las transiciones son puestas en vilo por el riesgo de reanudación de las guerras, o por la persistencia de altos niveles de violencia ordinaria, o por una alguna combinación entre ambos:
- • Según los datos que ha compilado la Universidad de Uppsala, de 196 acuerdos de paz en conflictos internos entre 1975 y 2011, se reanudaron 77 (39, 3por ciento).
- • Las tasas de homicidios en varios casos de “posconflicto” siguen estando entre las más altas del mundo (Sudáfrica, Angola, El Salvador, Guatemala).
La situación es más compleja en el caso de acuerdos de paz que son parciales, dada la existencia de varios actores armados o de disidencias que se rehúsan a firmar el acuerdo o que se retractan de haberlo hecho.
El riesgo de reincidencia
Como sabemos todos, en Colombia el proceso de desarrollo o “implementación” del Acuerdo de paz con las FARC enfrenta obstáculos políticos, jurídicos, financieros y de gestión.
Para evitar que un número creciente de excombatientes abandonen el proceso y se unan a las disidencias o a otros grupos criminales, es necesario –aunque en algunos casos podría no ser suficiente- que el Estado avance sin dilaciones en cumplir lo pactado. En particular, la lentitud en la ejecución de los compromisos relacionados con la reincorporación económica y social reduce la efectividad del Acuerdo para sacar gente, no sólo de la guerra, sino también de la ilegalidad y la violencia criminal.
En el estudio de Oliver Kaplan y Enzo Nussio sobre la reincidencia de los excombatientes colombianos en actividades ilegales (llevado a cabo entre 2008 y 2010) se encontró que dicha reincidencia tiene una débil asociación con la falta de oportunidades de empleo – especialmente en el caso de los exguerrilleros-. La ausencia de lazos familiares y el bajo nivel educativo parecen ser más importantes. No obstante lo anterior, Kaplan y Nussio reconocen que el apoyo financiero brindado a los desmovilizados por la Agencia Colombiana para la Reintegración (hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización), representaba para ellos un estímulo para su reintegración.
No hay que olvidar que a comienzos de los noventa en Nicaragua ex oficiales del ejército sandinista desmovilizados, “recompas”, y antiguos “contras”, conformaron nuevos grupos armados conocidos como “revueltos” por cuenta del incumplimiento de las promesas de reintegración. Sierra Leona es otro ejemplo de cómo la reducción de recursos para el sostenimiento de soldados desempleados echó a perder la paz.
Desarrollo y paz en clave de empleo
Desarrollo y construcción de paz no son sinónimos.
Pero los conflictos causados por la pobreza o la desigualdad pueden llevar a la violencia, al paso que un estilo de desarrollo incluyente puede facilitar la convivencia. En el caso colombiano no cabe duda de que el estilo de desarrollo excluyente y su incapacidad sistemática para crear empleos bien remunerados aumenta el riesgo de transitar hacia una paz violenta.
Por supuesto que no todos los trabajadores desempleados recurren a la delincuencia o a la violencia, pero también es claro que la falta de oportunidades y el desespero reducen la disposición a cumplir la ley.
La Gráfica 1 muestra la relación entre tasa de desempleo y tasa de homicidios en los 32 departamentos de Colombia. La Gráfica 2 presenta la evolución de la tasa de homicidios y de la tasa de desempleo juvenil (entre 14 y 28 años de edad) entre 2001 y 2015.
En el caso del acuerdo con las FARC, cada día que pasa sin despejar la incógnita sobre lo que vendrá para los desmovilizados –incluyendo varios mandos medios- una vez sean clausurados los “espacios territoriales de capacitación y reincorporación”, aumenta el riesgo de defección.
Más inquietante aún es que si se superan los principales obstáculos en la implementación del acuerdo con las FARC y las negociaciones con el ELN culminan satisfactoriamente, todavía persiste el riesgo de pasar del conflicto armado a la paz violenta. La construcción de paz va más allá de los acuerdos y su cumplimiento.
Gráfica 1. Desempleo y Homicidios en Colombia (por departamentos) 2015
Fuente: Elaboración propia sobre la base de: DANE-Mercado laboral por departamentos y Defunciones por causa externa. Los ejes secundarios corresponden a la mediana de cada variable. La correlación de Pearson entre las dos variables es 0,713 (p-value ˂ 0,01).
Gráfica 2. Tasa de Homicidios y Desempleo Juvenil 2001-2015
Fuente: Elaboración propia sobre la base de: DANE-Mercado laboral de la juventud y Defunciones por causa externa. La correlación de Pearson entre las dos variables es: 0,926 (p-value ˂ 0,01).
En ambos casos – y especialmente en el segundo- la relación entre desempleo y violencia es positiva y es significativa. Esto no necesariamente implica que el desempleo sea “la causa” de la violencia, pero sí ilustra con bastante claridad como la falta de empleo (especialmente entre los jóvenes) es uno de los factores que tienen a elevar la tasa de homicidios.
Y sin embargo el empleo es un factor o variable que tiende a ser ignorada en los análisis sobre la relación entre desarrollo y paz y, específicamente, entre desarrollo y criminalidad violenta.
Desafortunadamente, la relación entre desarrollo y paz se ha planteado más en términos de política social que de las oportunidades derivadas del crecimiento económico. A pesar de sus méritos indudables, los programas sociales contra la pobreza tienen efectos bastante limitados porque no corrigen el estilo o patrón de crecimiento que implica desigualdad y mantiene a mucha gente en la pobreza. Además los programas sociales son costosos y por tanto no pueden sostenerse en ausencia del crecimiento económico.
Los programas sociales por sí solos pueden remediar la pobreza de ciertos grupos que no están en condiciones de trabajar (ancianos, discapacitados…) y en los países desarrollados pueden completar de manera permanente el ingreso de los estratos más pobres. Pero en países en desarrollo donde hay exceso de mano de obra que se traduce en desempleo e informalidad extendidos, la estrategia principal contra pobreza tiene que consistir en la ceración masiva de empleos bien remunerados.
Por eso si queremos dejar atrás la guerra y evitar que ella venga a ser reemplazada por una “paz violenta”, hay que tomar en serio el desafío del empleo.
Sin un aparato productivo capaz de absorber la mano de obra que las políticas sociales están haciendo saludable y educada, se corre el riesgo de invertir en “capital humano” para el desempleo, la informalidad, la migración o la ilegalidad.
La creación de empleo depende básicamente de las políticas de desarrollo productivo que requieren de la acción conjunta del Estado y del sector privado para evitar inversiones de enclave (que exacerban los conflictos – por ejemplo los mineros-) y promuevan actividades que demanden insumos locales a la vez que estimulan otras industrias o servicios, en un círculo virtuoso que los economistas denomina de “encadenamientos hacia atrás” y “hacia delante”. De esta manera se logra que el sector moderno absorba una amplia porción de la fuerza laboral dedicada a actividades informales y de subsistencia (que incluiría actividades ilegales).
Así las cosas, el desarrollo económico creador de empleos remunerativos –más que los programas sociales por meritorios que sean- parece una condición necesaria para evitar que, luego de dejar la guerra atrás, sea sustituida por la violencia común y organizada que siempre encuentra una oportunidad para reproducirse en los ejércitos de reserva del desempleo y la informalidad.